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abril 13, 2012

El gobierno también implora la ayuda del dinero del crimen

Estos son los que pactan con traficantes, proxenetas, narcos y terroristas radicados en España

Por Jose Manuel Gómez Benitez (Catedrático de Derecho Penal y vocal del Consejo General del Poder Judicial). (Fuentes: Blanqueo de capitales contra la crisis y El Gobierno pide ayuda al dinero del crimen)

Ayudar a introducir dinero negro en el circuito legal es un delito de blanqueo de capitales que puede ser penado con seis años de prisión. Las formas más graves son el blanqueo de bienes procedentes del narcotráfico, la corrupción y los delitos urbanísticos, pero es delictivo el de bienes procedentes de cualquier delito, incluso de la defraudación fiscal, aunque en este caso el dinero no proceda de ninguna actividad delictiva previa, según una interpretación discutible, pero consolidada en los tribunales. Así pues, la mal llamada amnistía fiscal no es solo una oferta de impunidad a bajo coste por la defraudación cometida, sino también una forma de blanquear el dinero del crimen, en general. El Gobierno ha pensado que es preferible esto, en vez de adoptar otras medidas para salir de la crisis especulativa que nos acosa, y, en consecuencia, se ha ofrecido a través del BOE y de la promesa pública de confidencialidad para blanquear el dinero de toda clase de delincuentes, no solo de los defraudadores fiscales —lo que indigna a quienes no lo son o no pueden, siquiera, serlo por ser tan solo trabajadores—, sino también de los narcotraficantes, políticos corruptos, traficantes de personas, de todos, porque la mal denominada amnistía fiscal no deja fuera a nadie, ya que tan solo exige que los que se acojan a ella identifiquen los bienes que afloran, y, a ser posible, añaden los ministros, traigan a España esos capitales desde los paraísos fiscales en los que se encuentran, muy probablemente en cualquiera de las filiales de los grandes bancos.

Las cosas que decimos los perroflautas, los vocales del Consejo General del Poder Judicial y los catedráticos de derecho penal cada día se van pareciendo más entre sí.

Parece ser que cualquiera podrá aflorar en España el dinero de no se sabe quién y de no se sabe qué lugar del mundo. Quienes han ofrecido la amnistía fiscal saben que sumergirse en el mundo del delito mancha, pero también que para que sea útil y no manche demasiado es imprescindible, una vez dentro, mirar hacia otro lado. Esto es lo que significa la promesa de confidencialidad que acompaña a la mal llamada amnistía fiscal. Así que lo que el Gobierno ha aprobado y los ministros están prometiendo es que la Agencia Tributaria no va a indagar sobre el origen de los bienes que salgan a la superficie, es decir, que será una lavadora modélica del dinero sucio.

Una denuncia contra el Ejecutivo por este motivo debería prosperar porque los jueces tienen la obligación de perseguir hechos delictivos.

José Manuel Gómez Benítez se ha referido también a la idea del Gobierno de endurecer las penas por la llamada resistencia pasiva ante la autoridad. Benítez lo considera “desproporcionado” y apostilla que “no creo que el Tribunal Constitucional lo admita porque va contra el derecho a manifestarse pacíficamente”.

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