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diciembre 2, 2014

Lo público no es de todos: Mejor hablemos de lo común

Artículo de Francisco Jurado Gilabert, publicado en eldiario.es – ¡Gracias!

Imagínense una comunidad de vecinos cualquiera. Un día, una empresa de telefonía contacta con su presidente y le ofrece colocar una antena en la azotea del bloque de la comunidad. El presidente, que fue elegido por la mayoría de los vecinos, accede al ofrecimiento sin someterlo a ninguna votación y, ante cualquier queja vecinal, se remite a las elecciones, argumentando que, para las próximas, se vote a otro, si se quiere. Pero la antena allí seguirá, en virtud del contrato que se haya firmado con la empresa.

¿Podría pasar esto en la vida real? No, porque la Ley de Propiedad Horizontal, que rige todo lo relativo a las comunidades de propietarios, establece que las decisiones más importantes que afecten a la comunidad deben someterse a votación, no bastando el poder que se confiere a su presidente para que las adopte por su cuenta.

Cuando hablamos de “lo público”, tenemos la falsa sensación de que es algo de todos. La sanidad, la educación, los transportes metropolitanos…, los sentimos como nuestros pues, entre otras cosas, se sostienen con cargo de los presupuestos públicos, que resultan, en gran medida, de los impuestos que pagamos. Sin embargo, puede pasar que un servicio publico sea privatizado por decisión de unos determinados cargos electos, en virtud de su  posición de representantes políticos, sin necesidad de recabar aprobación ciudadana alguna. “Vote usted a otro la próxima vez”, pero el daño ya está hecho.

 Tomemos como ejemplo el caso de Telefónica, empresa pública privatizada entre los años 1995 y 1999. Si telefónica hubiera sido de todos, ¿cómo fue posible que se malvendiera -incluyendo toda la red de infraestructuras- sin que la gente pudiera o tuviera nada que decir?

“Lo público” no es de todos, principalmente porque, como sucede con “lo privado”, su propiedad y su gestión son centralizadas, dependen de por completo, en este caso, de la Administración y están sujetas, por tanto, a la voluntad decisoria de las personas que la gestionan o, en última instancia, a las personas que elaboran las leyes que regulan esa gestión. Se confunde, entonces, la titularidad pública con “lo común” que, históricamente, era un régimen de propiedad y de gestión distribuida, que se daba principalmente sobre los bienes y los recursos naturales que compartía una comunidad. Este régimen de enajenación y explotación impedía que ninguna persona, por sí sola, tuviera ningún control exclusivo sobre el uso y disposición de un bien o recurso común.

Cuando, hoy en día, se debate sobre la necesidad de que determinados sectores estratégicos se mantengan bajo dominio público o se renacionalicen, volvemos a caer en la misma confusión. Dotarnos de una banca pública, incluso si está sujeta a una fuerte regulación, no impide que un nuevo juego de mayorías parlamentarias vuelva a pervertirla. Lo mismo sucede con la sanidad o la educación, que viven en permanente riesgo de privatización, y cuya defensa se convierte en un ejercicio continuo de lucha social y judicial, precisamente, porque su titularidad se restringe a la Administración y su gestión depende y se concentra en manos de los representantes políticos del momento.

Cualquier decisión que afecte a los derechos fundamentales que tenemos, como seres humanos, debería poder ser refrendada por todas las personas, en votación directa, como si de una comunidad de vecinos se tratase. La representación política no puede otorgar un cheque en blanco para que los cargos electos decidan unilateralmente sobre cuestiones que afectan enormemente a nuestra vida. Cambiar el voto en las siguientes elecciones no garantiza que decisiones fatales se puedan deshacer o que las suframos durante largos años.

Por todo esto, hay que empezar a diferenciar, tanto en el plano lingüístico como en el jurídico, qué es un bien o servicio de dominio común y cuál uno de titularidad pública. Y en este tiempo, en el que parece que es posible redefinir las instituciones, en el que hay nuevos partidos, con vocación rupturista y renovadora, éstos deberían abanderar en sus programas la vuelta lo común, la defensa de lo común, sobre todo, y a pesar de una hipotética victoria, para que en unos cuántos años no nos vuelvan a birlar o a esquilmar lo que, en realidad, es de todos.

marzo 12, 2012

La propiedad privada no tiene futuro

Eficiencia energética y propiedad privada tenderán a convertirse en conceptos incompatibles

En un sistema cerrado, como es nuestro planeta, con incrementos sostenidos de población, la propiedad privada se vuelve cada vez más ineficiente. Dificultades para el acceso a la vivienda, energía cada vez más cara, residuos y contaminación que no dejan de acumularse, materias primas de cada vez más difícil acceso, salarios cada vez más ajustados. Todas estas circunstancias dibujan un cuadro en el que la propiedad privada se irá convirtiendo en un sistema cada vez más ineficaz de cara a la sostenibilidad de la economía. Al igual que sucede en Internet, donde no tiene sentido que cada usuario tenga un servidor exclusivo para publicar sus contenidos, la propiedad individual deberá ir mutando hacia los usos compartidos, inclusivos y comunitarios, mucho más lógicos y racionales para funcionar en entornos finitos y con recursos limitados, como es nuestro caso. En futuras épocas de austeridad, como las que se avecinan de manera irreversible, no será eficiente energéticamente que tengamos coches particulares, en lugar de usar transportes grupales, o piscinas de uso familiar en entornos de sequías endémicas. Los servicios de alquiler público de bicicletas, vivienda, aparatos costosos o prendas de vestir para ocasiones especiales,  (por poner algunos ejemplos) irán ganando adeptos de manera progresiva. De esta manera se reducirá el consumo de energía y la generación de residuos. Tampoco tiene mucho sentido mantener posesiones inmobiliarias que apenas se usan unos pocos días al año, en lugar de utilizar fórmulas colectivas de propiedad. Los países nórdicos saben mucho de todo esto desde hace décadas y por ello tienen potentes servicios públicos que optimizan los consumos y los costes medioambientales. En los países del Sur cada vez son más los jóvenes que recurren a fórmulas de pisos y coches compartidos o la economía de trueque para ganar en eficiencia, sostenibilidad y aprovechamiento de las opciones disponibles. En un reciente artículo aparecido en prensa podemos leer:
Las páginas de trueque como www.truequi.com se han multiplicado. Intercambiar servicios además de productos está en auge. La red CouchSurfing aglutina a personas de todo el mundo que ofrecen nuevas fórmulas para disfrutar de ciertos bienes. Otros optan por los bancos de tiempo, en los que la unidad de transacción no es el dinero sino los minutos. Entre los servicios que más se ofertan están los formativos: tú me das una hora de clase de alemán y yo a ti una de fotografía. Gente que antes gastaba 120 euros en gasolina al mes en ir al trabajo han reclutado a otras tres personas para compartir coche y minimizar costes (y emisiones contaminantes), una práctica muy extendida, en torno a la que han surgido páginas como www.blablacar.es o www.comparteviaje.es. Porque la Red acumula miles de espacios con información para ayudar a rentabilizar la riqueza de manera inteligente. Desde que la crisis estalló en 2008 se nota que la gente es cada vez más ingeniosa y busca alternativas, como puede comprobarse en la web Sindinero.org.

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