» Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general«.
¿Lenin, Bakunin, Marx, Durruti?. No, es la Constitución Española del 78, en su artículo 128.1. Desgraciadamente ya sabemos que las constituciones liberales son una simple estafa, en la que el único artículo realmente válido y efectivo es el que protege la teocracia de la propiedad privada por encima de cualquier otra consideración y los intereses de los criminales banqueros por encima de cualquier otra prioridad, como por ejemplo la salud, la dignidad, la seguridad o incluso la vida de las personas.
Es evidente que ningún ladrón llama a las cámaras de TV para que lo graben. Es evidente que esto no es un robo sino un acto político, enmarcado en la tradición humanista de la desobediencia civil, que podría ser firmado por gente tan peligrosa como Gandhi o Luther King. También habrá que explicarle a los ministros neofranquistas que el derecho de resistencia a la opresión está recogido hasta en el acta fundacional de las cínicas constituciones liberales a las que ellos ahora dicen guardar fidelidad. El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) es una de las más valientes y dignas opciones político-sindicales existentes en el estado español. Gente como las del SAT y como Sánchez Gordillo nos devuelven la esperanza en un mundo auténticamente humano, hablan claro y no dudan en decirnos a través de su activismo diario que dentro del capitalismo no hay solución.
La acción del SAT ha recibido el respaldo de la ciudadanía, expresado a través de diversas encuestas de opinión como la del Huffington Post (61% a favor frente a 31% en contra), elperiodico.com (58% a favor frente a 42% en contra), elcorreoweb.com (52% a favor frente a 47% en contra) o incluso entre lectores liberales y conservadores del mundo.es (54% a favor frente al 46% en contra). También ha contado con la aprobación inequívoca de gente importante del pensamiento libre tales como:
- El profesor Vicenc Navarro, en el siguiente párrafo sacado de su artículo La inmunidad bancaria, la ley, y los hurtos en un supermercado andaluz :
Aunque fuera previsible que las fuerzas conservadoras respondieran de esta manera, es sorprendente y rechazable la condena que tal acto tuvo por gestores políticos que se autodefinen como progresistas. Tales voces olvidan que los mayores cambios ocurridos en nuestro y en otros países han sido resultado de agitación y desobediencia civil. El identificar ley con moralidad y/o con rectitud democrática es ignorar o desconocer el papel de la ley en reproducir un sistema injusto y escasamente democrático, como es el español. Lo que han hecho aquellos sindicalistas es, en un acto de desobediencia civil, mostrar la situación dramática en la que se encuentran más de un millón de familias españolas que viven en situaciones miserables (que creíamos habían ya desaparecido en España), resultado de unas políticas públicas frente a las cuales la única actitud de decencia democrática es la de rebelarse frente ellas. Hay que agradecer a tales sindicalistas que, con tal acto, la sociedad española se concienciara del impacto que tales políticas están teniendo en nuestro país.
- Esther Vivas, en el siguiente párrafo sacado de su artículo Mercadona y SAT: ¿Quiénes son los ladrones? :
«La acción llevada a cabo por los sindicalistas del SAT puede ser ilegal, pero en el contexto de crisis aguda en el que nos encontramos es del todo legítima, mientras que precarizar las condiciones laborales puede ser, lamentablemente, legal pero no tiene nada de legítimo. Y cada vez son más las personas conscientes de ello. De aquí que frente la legitimidad y el apoyo a estas movilizaciones, la única opción del poder sea la represión y la criminalización. Solidaridad, pues, con aquellos que no se resignan y luchan».
- Alberto Garzón, en su artículo Un símbolo de dignidad
«Algunos denunciarán que la acción del SAT es ilegal. Efectivamente, lo es. Pero la cuestión no reside en saber en qué lado de la frontera jurídica cae, sino en si es una acción legítima y digna o si por el contrario no lo es. Y cuando sabemos que las necesidades humanas básicas pueden satisfacerse técnicamente pero el único obstáculo para conseguirlo es el propio marco institucional, diseñado en beneficio y garantía de la gran empresa y las grandes fortunas, es cuando acciones como las del SAT recobran toda su naturaleza revolucionaria y de justicia social. En ese punto la ilegalidad es legítima y contribuye a preparar el terreno para un cambio institucional que primero y ante todo ha de construirse en el plano ideológico.»
«Si los políticos incumplen sus programas, el pueblo no tiene la obligación de cumplir sus leyes». Diego Cañamero
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